LA LIMPIA EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 

MACROSCOPIO

Edgard González Suárez

15 de mayo de 2023

 

LA LIMPIA EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 

El intento por reformar el aparato electoral significó una lucha política titánica, tanto a nivel legislativo como a nivel judicial. El proyecto de Reforma, después del fracaso de las reformas constitucionales en materia electoral, fue denominado Plan B. Era, en suma, un achicamiento administrativo que no ponía en riesgo ni el funcionamiento, ni la capacitación, ni el modelo ciudadano, ni la operación el día de la jornada, ni los resultados de las elecciones.

El Plan B no ataca los procedimientos electorales, los simplifica, no había ningún riesgo que este país no tuviera jornadas electorales puntuales para cambiar a sus funcionarios dentro de los aparatos estatales y de representación popular.

La derecha asumió, como estrategia parlamentaria, mantener un bloque en las cámaras, para impedir cualquier reforma a la Constitución. Y, de hecho, lograron frenar cualquier cambio constitucional al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, no pudieron impedir que MORENA planteara y ganara por mayoría una reforma administrativa que hoy conocemos como Plan B.

La derecha se movilizó, marchó, movilizó miles de millones de pesos, y extendió su propaganda por todos los medios posibles, y finalmente decidió controvertir el Plan B en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cuando todos suponíamos que la Suprema Corte no debería tomar partido político frente dicho paquete de reformas administrativas, sus integrantes, la mayoría de ellos, decidieron parar y suspender, la primera parte del Plan B.

Todo indica ya que la “judicialización política” será el arma de todos los sectores sociales para defender sus intereses, sean cuales sean, proyectos de infraestructura, planes de asistencia, candidaturas, etc. Lo que sea será judicializado. No hay leyes, reformas, obras públicas que no vayan a pasar por los amparos, las medidas cautelares o la franca vinculación a proceso, es decir, llevadas a juicio. Todo proyecto de reforma desde los gobiernos, sean de derecha o de izquierda están siendo judicializados. Ahora, una de las mejores armas de las oposiciones son los expedientes judiciales.

Por ello, con la intervención directa y parcial de la suprema corte, con una composición, herencia del neoliberalismo. Sus intervenciones se acercan más a la provocación que a la estricta resolución jurídica. En sesión pasada, los magistrados, ni siquiera fueron al fondo del asunto, decidieron, vía pagos millonarios de Claudio X. Gonzalez, suspender la primara parte del Plan B.

Los ministros, según argumentaron, la reforma fue suspendida “Por violaciones graves al procedimiento legislativo”, con mayoría de 9 votos vs 2, la Corte declaró invalidas las reformas político-electorales 22/23, las cuales básicamente modifican las leyes generales de Comunicación Social y las de responsabilidades administrativas.

Decir que las reformas fueron elaboradas violando el procedimiento legislativo, no deja de ser una apreciación, una interpretación, por cierto, la misma apreciación de la oposición de derecha, quien se refugia en la Corte, para detener todo cambio en materia electoral.

El Plan B fue suspendido, por qué según Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, “El Congreso no tuvo suficiente tiempo para conocer la iniciativa”.

La intervención de la Corte en el poder legislativo, el freno a las reformas y las sugerentes interpretaciones que se hacen de las leyes ha creado ya una tensión insalvable entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, lo cual podría derivar en una tensa relación de aquí en adelante y la promoción política y legislativa de una purga de ministros neoliberales -si no es que de toda la corte- que trabajan para una ideología e intereses políticos bien definidos.

El Plan C, como parece anunciarse a la estrategia política para sanear al poder judicial, ha empezado a dibujarse y muy probablemente se ejecute a mediados o fines de 2024.

La batalla electoral, dependiendo de quien gane la presidencia, terminara en una purga de la suprema corte o una incapacidad de la 4T para transformar este país.